.- Denuncian haber sido golpeados y torturados tras su detención en un retén de la Fiscalía; madre afirma que los liberaron cuando la búsqueda se hizo viral y anunció que irían a la Fiscalía
AgenciaTamNoticias | 23 de octubre de 2025
Con visibles huellas de violencia y una mezcla de alivio y temor, los tres jóvenes de Allende, Nuevo León —José Luis Garza Guerra, de 27 años; Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24; e Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29— rompieron el silencio tras haber sido localizados con vida luego de su desaparición en la carretera Monterrey–Reynosa.
En entrevista con medios locales, los sobrevivientes relataron que fueron detenidos por elementos de la Fiscalía en el retén conocido por transportistas como La Vaquita, cuando regresaban a Allende tras recoger un tráiler en Reynosa. Según su testimonio, los agentes les exigieron dinero a cambio de permitirles continuar su camino.
“Nos pidieron cien mil pesos al patrón, él se los dio, y aun así nos esposaron, nos quitaron los teléfonos y nos entregaron con un grupo delictivo”, declaró José Luis Garza Guerra.
El joven transportista afirmó que los tres fueron encapuchados, amarrados y golpeados antes de ser trasladados a una casa donde permanecieron varios días privados de la libertad, sin alimentos y bajo amenazas. Posteriormente, fueron abandonados cerca del municipio de General Bravo, Nuevo León, donde una familia campesina los auxilió y ayudó a contactar a sus familias.
Por su parte, Britany Esquivel señaló entre lágrimas que los propios policías la agredieron durante la detención:
“Yo no hice nada, ni hablé… solo levanté la mirada y me golpearon en la cara”, dijo la joven, aún con moretones visibles.
La madre de José Luis, Griselda Guerra, relató que durante los días de angustia la Fiscalía de Reynosa se negó a proporcionar información sobre el paradero de los muchachos, pese a sus insistentes llamadas.
“A mí me trataron de extorsionar cuatro o cinco veces, pero no caí. Ellos sabían todo: nuestras direcciones, números de teléfono. No descansé hasta encontrar a mi hijo. Lo quería como fuera, pero vivo”, expresó entre lágrimas.
Además, vinculó el momento de la liberación con la presión pública que detonó en redes sociales y el aviso de que acudirían a la Fiscalía de Reynosa:
“Lo raro fue que cuando dijimos que íbamos a ir a la Fiscalía y la prensa ya nos estaba esperando, de repente todo cambió. De unas horas a otras, los soltaron. Fue justo cuando se hizo grande la búsqueda. Por eso pienso que no fue casualidad, que alguien dentro de la misma Fiscalía sabía todo”, afirmó.
La madre aseguró que ella misma viajó con familiares para recoger a los jóvenes, quienes fueron hallados golpeados y temerosos, pero con vida.
“Yo no tengo miedo. Fui por ellos y los traje. Hasta donde tope, porque no me voy a quedar callada. No quiero dinero ni ayuda, solo quería a mi hijo de regreso”, sentenció.
Los tres jóvenes fueron atendidos por personal médico y posteriormente presentaron su testimonio ante la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, que mantiene abierta la carpeta de investigación.
Familiares y vecinos de Allende exigen que las autoridades estatales y federales esclarezcan los hechos y sancionen a los responsables.
¿Dónde está el retén señalado?
El punto mencionado por los jóvenes corresponde a la garita del kilómetro 30 de la Carretera Federal 40 (Reynosa–Monterrey), conocida entre transportistas como “La Vaquita”. Esta se encuentra en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, aproximadamente a 30 kilómetros al oeste-suroeste de Reynosa, dentro del territorio del municipio de General Bravo, Nuevo León.
De acuerdo con la división política y administrativa, el retén de la Fiscalía General de la República (FGR) se ubica dentro del estado de Nuevo León, a unos tres kilómetros de “La Vaquita”, donde también opera un punto de revisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Por ello, los elementos destacados en ese tramo pertenecen a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Aunque la zona colinda directamente con Tamaulipas, la jurisdicción corresponde legalmente a autoridades nuevoleonesas, lo que añade un matiz relevante a las denuncias formuladas por los jóvenes y sus familias sobre la presunta participación de agentes ministeriales en su detención y entrega a un grupo delictivo.
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