.- Tras 25 días de incertidumbre, una jueza federal reconoció violaciones a los derechos de Gabriela Salazar y ordenó restituirle de inmediato la patria potestad.
AgenciaTamNoticias
Tampico, Tamaulipas, 26 de septiembre de 2025
La historia de Gabriela Salazar Bujanos dio un giro judicial luego de que la jueza federal Nora Victoria Bonilla Marín concediera una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por la madre, reconociendo que el proceso que le retiró a su hija estuvo plagado de irregularidades. En su resolución, ordenó al Juzgado Tercero de lo Familiar, a cargo de la jueza Roxana Ibarra Canul, restituir de manera inmediata la patria potestad a Gabriela y garantizar que la entrega de la menor se realice bajo un protocolo libre de violencia, con la intervención de los sistemas DIF.
La decisión se da tras 25 días en los que Gabriela denunció públicamente la sustracción de su hija, señalando la complicidad de autoridades judiciales y policiacas que habrían permitido que Alejandro Ávila Limas se llevara a la menor bajo un procedimiento cuestionado. Durante este tiempo, la madre y colectivos feministas advirtieron que la niña se encontraba expuesta a maltratos, mientras el padre permanecía oculto.
De acuerdo con denuncias públicas, se catearon diversos domicilios en busca de la menor sin éxito, aunque en algunos de ellos se habrían encontrado indicios de las condiciones precarias en las que era mantenida. Hasta el momento, el paradero de Alejandro Ávila Limas sigue siendo desconocido.
Este caso ha puesto bajo la lupa la actuación de la jueza Roxana Ibarra Canul, señalada por posibles irregularidades en procesos de custodia y actualmente investigada por el Tribunal de Disciplina Judicial del estado. Pese a ello, se prevé que en octubre asuma un nuevo cargo dentro del Poder Judicial de Tamaulipas.
El caso de Gabriela se suma a un creciente número de denuncias por violencia vicaria en el país, donde madres han señalado a jueces, abogados y cuerpos de seguridad de actuar en complicidad con agresores. Colectivos feministas han reiterado su exigencia de justicia, advirtiendo que un agresor no puede ser considerado un buen padre.
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