.- La propuesta busca vincular medio ambiente y derechos humanos ante la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. ¿Qué plantea y por qué es relevante para México?
Por: Martín Juárez Torres
Reynosa, Tamaulipas, 3 de marzo de 2026.
El pleno del Senado de la República votó la iniciativa presentada por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con la que se busca impulsar la justicia ambiental en México y fortalecer la protección del medio ambiente como un derecho humano fundamental.
Desde la tribuna del Senado, la legisladora advirtió que el planeta enfrenta una “triple crisis ambiental sin precedentes”, marcada por el cambio climático, la contaminación y la acelerada pérdida de biodiversidad. Señaló que este escenario exige acciones legislativas firmes que permitan garantizar condiciones ambientales seguras para la población.
Ortiz Domínguez, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, explicó que la iniciativa plantea que la justicia ambiental no solo debe centrarse en la protección de los ecosistemas, sino también en asegurar derechos, condiciones de seguridad y una participación efectiva de la sociedad en la conservación del entorno.
De acuerdo con la senadora, el objetivo es construir un marco que permita a las personas ejercer plenamente su derecho a vivir en un ambiente sano, elemento indispensable para lograr una vida digna y sostenible.
Durante su intervención, destacó que la degradación ambiental tiene consecuencias directas en la salud pública. Citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que alrededor del 24 por ciento de las muertes a nivel mundial están relacionadas con factores ambientales, entre ellos la mala calidad del aire, el agua contaminada y la exposición a sustancias tóxicas.
Ante este panorama, subrayó que avanzar en la protección del medio ambiente representa también un paso hacia un país más justo y sostenible, donde las políticas públicas garanticen tanto la preservación de los recursos naturales como el bienestar de las comunidades.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos para integrar la agenda ambiental con el respeto a los derechos humanos, en un contexto global donde los efectos del cambio climático y la contaminación han comenzado a impactar de manera más evidente la salud, la economía y la calidad de vida de millones de personas.
Especialistas en temas ambientales han señalado que el fortalecimiento de la justicia ambiental permite atender desigualdades, ya que muchas comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación de los ecosistemas y la falta de acceso a recursos naturales seguros.
Con este planteamiento, la propuesta presentada en el Senado busca abrir paso a políticas que promuevan un equilibrio entre desarrollo, protección ambiental y derechos humanos, con el objetivo de garantizar condiciones de vida sostenibles para las futuras generaciones.
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