Mientras una dependencia estatal obtuvo respuesta en dos días, un ciudadano esperó más de un mes sin que su petición fuera atendida
RespuestaEnLínea | Ciudad Victoria, Tamaulipas | 9 de junio de 2026
La justicia debería ser igual para todos. Sin embargo, documentos relacionados con el caso del Dr. Israel Alejandro Valdez Sánchez ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas muestran una situación que ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad con la que se están llevando los procedimientos.
De acuerdo con escritos recibidos el pasado 8 de junio, una promoción presentada por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado el 5 de mayo fue atendida apenas dos días después. En cambio, una solicitud presentada por Valdez Sánchez el 8 de mayo seguía sin ser acordada hasta el 29 de mayo, fecha en la que tuvo que insistir para pedir que se resolviera.
La diferencia en los tiempos es evidente: mientras la autoridad obtuvo una respuesta prácticamente inmediata, el ciudadano permaneció semanas esperando una actuación del tribunal.
En uno de sus escritos, Valdez Sánchez acusa que no existe un trato equilibrado dentro del proceso y señala que las actuaciones reflejan una falta de igualdad entre las partes.
El asunto resulta todavía más llamativo porque desde el 19 de marzo de 2026 el Tribunal ya había sido notificado de una resolución firme derivada del amparo indirecto 410/2025, mediante la cual se ordenó emitir una nueva sentencia en el caso.
La controversia ha puesto bajo la lupa la actuación de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, encabezada por el magistrado Lázaro José Lara Balderas, quien hasta el momento no ha hecho pública alguna explicación sobre los distintos tiempos de respuesta observados dentro del expediente.
Más allá de tecnicismos legales, la discusión es sencilla y cualquier ciudadano puede entenderla: si dos partes participan en el mismo juicio, ¿por qué una recibe atención en 48 horas y la otra debe esperar más de treinta días?
Esa pregunta va al fondo del problema. La confianza en las instituciones de justicia depende de que todos reciban el mismo trato, independientemente de si se trata de una dependencia gubernamental o de un ciudadano común.
Cuando las resoluciones parecen avanzar a diferente velocidad según quién las solicita, inevitablemente surgen dudas sobre la imparcialidad de las autoridades encargadas de impartir justicia.
El caso del Dr. Alejandro Valdez Sánchez se ha convertido así en un ejemplo que reabre el debate sobre la autonomía de los tribunales y la necesidad de garantizar que la ley se aplique con los mismos criterios para todos.
Porque en una democracia, la justicia no solo debe ser imparcial; también debe parecerlo.
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